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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reportó que durante los primeros tres meses de 2026, el delito de extorsión en México mantuvo niveles críticos, alcanzando un promedio de 32.4 víctimas diarias, a pesar de registrarse una ligera disminución del 3.73% en comparación con el mismo periodo del año anterior, las cifras actuales representan el segundo nivel más alto para un primer trimestre en los últimos 11 años.
Entre enero y marzo se contabilizaron un total de 2,915 víctimas, no obstante, se advierte que la cifra real podría ser drásticamente superior, ya que existe una cifra oculta del 97% en este delito, lo que implica que las estadísticas oficiales solo reflejan el 3% de los casos que sí se reportan.
La violencia por extorsión no es uniforme en el país, mostrando incrementos alarmantes en regiones específicas como en Chihuahua que registró el mayor aumento porcentual con un 1,200%, pasando de 3 a 39 víctimas en comparación anual, por su parte Zacatecas (404.3%), Yucatán (300%) y Tabasco (279.3%) también presentaron repuntes significativos.
Nueve entidades del país alcanzaron sus máximos históricos de víctimas para este periodo en los últimos 11 años; en cuanto a la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes, Morelos lidera el ranking nacional con una tasa de 7.6, seguido por Zacatecas (6.7), Colima (6.2) y la Ciudad de México (6.2). A nivel municipal, Cuautla (Morelos) se posiciona como la zona con mayor incidencia, con una tasa de 27.14, seguida por los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz en Guanajuato.
Por primera vez en 2026, se ha comenzado a desglosar los subtipos de extorsión, revelando que 7 de cada 10 casos ocurren a distancia a través de medios como llamadas telefónicas, redes sociales o internet, por el contrario, la extorsión presencial representa el 16.88% de los incidentes acumulados en el trimestre.
Ante este panorama, el Índice de Extorsión que combina la incidencia reportada con la percepción de inseguridad y la cifra negra, ubica a Morelos (76.3%), Tabasco (73.8%) y Zacatecas (69.8%) en niveles de alerta «Alto».
Como parte de las soluciones propuestas, se enfatiza la necesidad de homologar las legislaciones locales con la Ley General en la materia, así como la urgencia de instalar inhibidores de señal en centros penitenciarios para frenar las llamadas extorsivas que se originan desde el interior de las cárceles.
