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La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, al igual que con las demás reformas, (al estilo del viejo PRI de 1980) extinguir siete órganos autónomos que han servido de contrapeso al poder en los últimos 30 años, dando derechos a los ciudadanos de poder obtener información y proteger sus datos personales, así como estar en condiciones de igualdad en el ámbito comercial.
Los Diputados de MORENA, PT y Partido Verde aprobaron en lo general, por mayoría calificada (dada por los Magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez) de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, el dictamen que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, para extinguir siete órganos autónomos.
Los órganos son: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Las iniciativas le regresan al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet; sin embargo esto se había derogado debido a que antes existía personal del gobierno del PRI en las televisoras y difusoras de radio vigilando lo que se decía, y se derogan las disposiciones relativas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y transfiere sus facultades a dicha Secretaría para elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Uno de los temas más preocupantes en la era de la información y la Inteligencia Artificial es el de la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en lo que dice que la misma «estará protegida por los sujetos obligados que contarán con facultades suficientes para su atención»; sin embargo apenas hace unos días el Gobierno de México sufrió un «hackeo» en el que se robaron datos personales.
El CONEVAL que medía la pobreza pasará al Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica que también estará a cargo de la «medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social».
También la política energética y la forma para evitar los monopolios regresarán al Ejecutivo según la iniciativa ya que será la Secretaría de Energía la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.
En el caso de la Comisión Federal de Competencia económica que permitía que existiera un piso parejo para los empresarios, que en su mayoría son micro y pequeñas empresas las que generar los empleos, también el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada será la que formule y conduzca las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto, es decir, el gobierno controlará a los emprendedores.
Se dijo que el dinero que se genere con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable, es decir más dinero para los programas sociales que le hicieron ganar las elecciones a MORENA en este año.
Así mismo la transparencia dejará de existir también en los Estados y pasará por la autonomía de los mismos ya que nueva ley les ordena a los congresos de los diferentes Estados de México, tendrán el plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme a este decreto.
