La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de dos exintegrantes de la Policía Vial, identificados como María «N» y Héctor «N», por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y cohecho, respectivamente, los señalamientos derivan de investigaciones que exponen presuntos actos de extorsión laboral y cobros indebidos a particulares aprovechando sus funciones dentro de la corporación.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por el Ministerio Público, los hechos que involucran a María «N» ocurrieron entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Al momento de los incidentes, la imputada se desempeñaba como policía tercero con funciones de comandante adscrita a la Policía Vial.
La investigación señala que María «N» aprovechó su posición jerárquica para presionar a una subordinada, exigiéndole en repetidas ocasiones diversas sumas de dinero. El objetivo de estos cobros ilícitos, que en su conjunto superaban los 30 mil pesos, era permitirle a la afectada conservar su asignación en una unidad específica y evitar que fuera transferida o cambiada de base.
Por su parte, el segundo implicado es Héctor «N», quien ejercía como comandante de la Policía Vial al momento de los hechos y actualmente se encuentra jubilado.
La Fiscalía Anticorrupción acreditó que el exmando presuntamente recibió dinero en efectivo de un particular. A cambio de esta dádiva, Héctor «N» facilitó y permitió la obstrucción de la vía pública para la realización de una obra civil, haciendo un uso indebido de las atribuciones inherentes a su cargo.
Durante la audiencia celebrada el pasado martes 14 de julio, un Juez de Control analizó las pruebas presentadas y determinó que existían elementos suficientes para continuar con el proceso penal en contra de ambos exfuncionarios.
Para garantizar el desarrollo del proceso, el juzgador impuso las siguientes medidas cautelares a los imputados firma mensual obligatoria ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares (UMECA) y prohibición absoluta de acercarse o tener contacto con las víctimas de manera directa o indirecta.
Estas restricciones se mantendrán vigentes por un periodo de seis meses, mientras que la autoridad jurisdiccional fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que se definirán sus situaciones jurídicas definitivas.
