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Al estilo del viejo PRI de los años de 1980, en viernes por la tarde tanto el Instituto Nacional Electoral como el Grupo Parlamentario MORENA aprobaron distintas acciones que se han advertido pondrán en riesgo al sistema democrático y de participación de los ciudadanos en México:
El Instituto Nacional Electoral aprobó darle la sobrerrepresentación a los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo para que en conjunto tengan 364 diputados lo que representaría el 72.8% de la Cámara de Diputados en su control.
Esto se explica debido a que en la votación la Coalición de MORENA, PT, y PV obtuvieron 219 distritos; más los 37 distritos que MORENA obtuvo sólo como partido político, en la elección del pasado 2 de junio lo que sumó 256 distritos del país de los 300 a votación; adicional a ello este viernes 23 de agosto el Consejo General del INE encabezado por Guadalupe Taddei entregó 108 diputaciones plurinominales, lo que suma los 364 diputados, con lo que no necesitarían a la oposición para reformar la Constitución Mexicana a su gusto sin tener que debatir ni escuchar a quienes representan al resto de los mexicanos.
Según el INE el criterio es que el 8% que tiene la Constitución únicamente se aplica a partidos políticos y no a coaliciones, por lo que algunos diputados plurinominales que no llegarían por MORENA, habrían llegado por el Partido Verde o el Partido del Trabajo (a pesar de que obtuvieron porcentajes más bajos de votación que otros partidos) esto debido a que señalaron estar representando a dichos partidos aprovechando la coalición.
Mientras tanto las fuerzas opositoras representadas por el PAN, PRI, PRD (aunque haya perdido registro), así como por Movimiento Ciudadano obtuvieron 42 distritos en el país el pasado 2 de junio, más 79 diputados entregados por la vía plurinominal, lo que representarían 121 diputados o el 24.2%.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó también este viernes por 22 votos a favor de MORENA y aliados, 17 en contra de la oposición y cero abstenciones, en lo particular y general reformas a la Constitución (en una clara de muestra de lo que se proponen hacer con el país) que buscan la extinción de siete órganos autónomos:
Las funciones de estos institutos pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi y las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, y se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
Esta iniciativa deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política proveniente de un capricho de Andrés Manuel López Obrador, anunciado el pasado 5 febrero de 2024 y consideró propuestas de diputados vinculadas con la materia.
En algunos casos el Ejecutivo Federal (López Obrador o Claudia Sheinbaum) serían la autoridad en materia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones de radio, televisión y servicios como el internet, servicios que actualmente administra el IFT.
Algo grave en este tema principalmente de las telecomunicaciones (y más en tiempos de la Inteligencia Artificial) es que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”, es decir, aunque haga lo que haga el actual o la futura Presidente de México no tendrán forma de defenderse en el futuro.
