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El pasado 1 de febrero la Cámara de Diputados aprobado en lo particular con 322 votos a favor, 107 en contra y cero abstenciones, que deriva de una iniciativa avaló, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta de reforma de diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Presidente Claudia Sheinbaum.
En esta iniciativa se reducen los integrantes del consejo del Infonavit, se crea una empresa privada filial del mismo organismo, que puede subcontratar a su vez a otras empresas (lo que deja en dudas la utilidad de dicha empresa), le quitan poder a los organismos patronales y sindicales en la comisión de vigilancia del Infonavit, le dan mayores facultades al Director del Infonavit y dejan que este sea nombrado por quien sea el titular del ejecutivo federal, es decir el Presidente de México.
Sin embargo el día de hoy organizaciones sindicales y empresariales, dieron a conocer que antes de la discusión en el Congreso, las organizaciones de trabajadores y empresarios solicitaron un diálogo directo con la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum, sin embargo, fueron recibidos por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza.
En dicha reunión, se acordaron puntos irreductibles que serían modificados en el dictamen final en la Cámara de Diputados; sin embargo, el 1 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas sin incorporar estos cambios acordados, es decir, ignorando las peticiones de los organismos sindicales y empresariales, por lo que señalaran los 6 puntos que deben ser modificados en esta reforma.
Señalaron que designar al Director General como presidente de los órganos colegiados del Instituto, especialmente en la Asamblea y el Consejo, vulnera el principio de tripartismo y paridad al favorecer a uno de los sectores., por lo que propusieron continuar con una presidencia rotativa por los integrantes designados por los representantes de trabajadores, patrones y gobierno.
En caso que no se acepte la presidencia rotativa, el encargo puede recaer en otro representantes del Gobierno, que no sea el director general, para evitar un conflicto de interés.
En la iniciativa aprobada por MORENA la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solo asistirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en tareas de auditoría y vigilancia bajo criterios de “prudencia y sanas prácticas”, sin apego a normas contables y financieras, lo que limita la efectividad de la supervisión del Instituto como entidad otorgante de créditos.
Por ello se propuso que la CNBV y la SHCP supervisen la totalidad de la operación del INFONAVIT, no solo la parte crediticia. Asimismo, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe mantenerse como un mecanismo estrictamente complementario dentro del sistema de supervisión y control del INFONAVIT.
La reforma limita la función de la Asamblea General al simple conocimiento de los planes, programas y presupuestos del Instituto, en lugar de facultarla para examinarlos y aprobarlos, por lo que se propuso que la Asamblea General tenga una participación activa, participativa y deliberativa y apruebe todos los planes, programas y presupuestos, atendiendo a su naturaleza de ser la autoridad máxima del instituto.
Esta empresa operará sin estar sujeta a la supervisión del INFONAVIT, a pesar de manejar recursos de los trabajadores derechohabientes para la construcción de viviendas y además, tendrá la facultad de contratar a otras personas morales con el mismo objeto social, lo que contradice la reforma en materia de subcontratación laboral, por lo que se propuso que el patrimonio de esta empresa filial forme parte del Instituto, ya que se trata de recursos de los trabajadores derechohabientes y que opere bajo los mismos controles y supervisión que el Instituto.
Se pidió definir con claridad el régimen fiscal y legal del INFONAVIT, así como su participación accionaria, señalando que los estatutos sociales deben ser aprobados tanto por el Consejo de Administración como por la Asamblea General. Asimismo, los integrantes del Consejo de Administración deben ser ratificados por la Asamblea General y conformados de manera tripartita y paritaria.
Se propuso revisar los presupuestos y planes de las direcciones sectoriales de Infonavit y en todo caso modificarlas a coordinaciones sectoriales que den apoyo técnico y operativo a los representantes de los sectores para su participación en las sesiones de los Órganos Colegiados.
Las direcciones sectoriales son la columna vertebral del sector obrero y empresarial, ya que su función principal es enlazar, coordinar y analizar el funcionamiento del Instituto en representación de cada sector.
Desde una perspectiva de técnica jurídica, el marco normativo debe establecer con claridad la existencia de estas coordinaciones, su objeto y carácter, así como el instrumento que determinará sus atribuciones, facultades y responsabilidades. Al igual que en el IMSS, estas direcciones deben estar adscritas al Consejo de Administración y rendirle cuentas directamente.
La reforma elimina el requisito de que la Asamblea General apruebe el nombramiento del Director General, permitiendo su designación directa por el Ejecutivo, lo que se señaló que esta modificación debilita el tripartismo al excluir el análisis del perfil del candidato y la participación de los sectores involucrados en el proceso., por lo que se propuso que de acuerdo al tripartismo paritario, la designación del Director General se lleve a cabo en la Asamblea.
