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El «Plan B», aprobado por el Senado de la República, ha causado revuelo, desde que el pasado 22 de febrero en sesión se firmó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de:
La Ley General De Instituciones Y Procedimientos Electorales:
La Ley General De Partidos Políticos:
De La Ley Orgánica Del Poder Judicial De La Federación:
Y Expide La Ley General De Los Medios De Impugnación En Materia Electoral.
Según la minuta, publicada en el Senado de la República, constaría de las siguientes acciones:
Llega en lugar Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. misma que fue abrogada, para que en su lugar llegue esta nueva ley, lo que propone es:
1- Suprimir el recurso de revisión y apelación por lo que los actos impugnables en estos dos recursos se sustanciarán en un único recurso de revisión administrativa, mismo recurso que también fue creado con esta ley para que los partidos políticos puedan impugnar los actos y resoluciones del Instituto Nacional Electoral.
2- Se elimina el juicio de inconformidad y se crea el juicio electoral, para impugnar los cómputos, declaración de validez, entrega de constancias de mayoría, minoría o asignación de cargos de elección popular del Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores.
3- Eliminar el recurso de reconsideración y en el juicio de revisión constitucional electoral. es decir se podrán impugnar los actos o resoluciones sobre gobernaturas y elecciones federales, las Salas superiores sobre algún tema de constitucionalidad o que hayan omitido impartir justicia electoral completa.
4- Elimina el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, para que esta impugnación se sustancie a través del juicio electoral, con el objeto de hacer «más eficiente la justicia electoral».
1- Establecer la organización de un Sistema Nacional Electoral. (aún no queda claro cómo será este Sistema Nacional Electoral).
2- Incorpora los derechos de las personas migrantes, los sistemas normativos y autogobierno indígenas y los Gobiernos comunales.
3- Establecer que la aplicación de sanciones administrativas o jurisdiccionales deben ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho, por lo que la promoción de organismos electorales deberá ser objetiva, imparcial y con fines informativos.
1- El objeto de la ley garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación y rendición de cuentas, de los Entes Públicos a través de la Propaganda Gubernamental, la cual deberá ser objetiva, oportuna, necesaria, clara, útil, accesible e incluyente.
2- Se define la Propaganda Gubernamental como aquellos escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y todo aquel contenido con cargo al presupuesto público etiquetado y que tiene como finalidad expresar los logros, el quehacer y acciones del ente público respectivo. Dicha propaganda permitirá estimular acciones de la ciudadanía para ejercer derechos, obligaciones o acceder a beneficios, bienes o servicios públicos a través de cualquier medio de comunicación.
No se entenderá como propaganda gubernamental las expresiones que hagan las personas servidoras públicas de manera personal, toda vez que estas se enmarcan en el «derecho a la libertad de expresión». Tampoco la información de interés público derivada de ejercicios de transparencia y acceso a la información pública; mencionar que esta modificación se había hecho desde el 27 de diciembre de 2022 de acuerdo a una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación.
3- Define a las campañas de comunicación social como estrategias diseñadas y ejecutadas por los entes públicos ante diversos medios de comunicación que tienen como fin último la promoción e información sobre su actuar y demás acciones relevantes hacia la población.
4- Deberán incluir información dirigida a la ciudadanía sobre derechos y obligaciones de aspectos relevantes del funcionamiento de los Entes Públicos; y condiciones de acceso y uso de espacios y servicios públicos.
5- Se especifica que toda comunicación social que implique propaganda gubernamental debe sujetarse a las normas, principios generales y criterios para la aplicación de gasto público, los cuales se ajustarán de acuerdo con el principio de «Austeridad Republicana».
6- Para los medios de comunicación se garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
La llamada «cláusula de la vida eterna» era una propuesta enviada por la cámara de diputados que establecía la «transferencia de votos entre partidos mediante una candidatura común», sin embargo, el Senado volvió a eliminar esto temporalmente y dejarlo como reserva.
Sin embargo todo lo anterior descrito aún está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo Federal, es decir por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para conocer el dictamen final.
