Durante la primera mitad de 2026, la extorsión se consolidó como el principal delito al alza en México, registrando un total de 6,562 víctimas, esta cifra representa un aumento del 9.17% en comparación con el mismo periodo de 2025 (551 víctimas adicionales) y se coloca como la más alta para un primer semestre en los últimos 11 años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
El panorama real es todavía más grave, las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni se contabiliza, por lo que las cifras oficiales reflejan únicamente una pequeña fracción de la problemática.
El incremento del delito muestra un impacto generalizado a lo largo del país:
Evolución por estados: En 19 entidades federativas aumentó el número de víctimas entre enero y junio de 2026 en comparación con 2025. Además, 12 estados alcanzaron su máximo histórico para un primer semestre en los últimos 11 años.
Mayores repuntes anuales en porcentaje:
Chihuahua: +2,325% (pasó de 4 a 97 víctimas).
Zacatecas: +551.4% (pasó de 35 a 228 víctimas).
Yucatán: +400% (pasó de 1 a 5 víctimas).
Tabasco: +184.2% (pasó de 82 a 233 víctimas).
Tasas más altas de víctimas por cada 100 mil habitantes:
Morelos: 18.8
Querétaro: 15.5
Zacatecas: 13.2
Ciudad de México: 12.7
Baja California Sur: 12.4
10 de los 20 municipios con mayor tasa de extorsión en todo el país se concentran en solo dos entidades: Guanajuato (con 5 municipios) y la Ciudad de México (con 5 alcaldías) y Cuautla, Morelos, encabeza la lista nacional con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, el delito opera principalmente bajo las siguientes modalidades:
A distancia: Representa el 70% de las extorsiones (7 de cada 10), realizadas por medio de teléfono, redes sociales o internet.
Presenciales: Corresponden al 20% de los casos (2 de cada 10).
Tentativas: Ocupan el porcentaje restante. Entidades como Campeche, Aguascalientes y Tabasco superan el promedio nacional de 14% en tentativas de extorsión.
Para medir la amenaza de forma integral, COPARMEX diseñó el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), el cual combina la magnitud del delito (SESNSP, con peso de 0.50), la cifra oculta (INEGI, peso de 0.25) y la percepción de inseguridad (INEGI, peso de 0.25).
Los resultados del IEC señalan que 14 entidades superan el promedio nacional (49.7%). En el ranking de riesgo destacaron los siguientes movimientos:
Guerrero: Tuvo el salto más drástico al pasar del lugar 11 al 5, colocándose entre los cinco estados con mayor nivel de amenaza.
Subieron posiciones de riesgo: Sinaloa (pasó del sitio 22 al 17) y Michoacán (del 16 al 13).
Bajaron posiciones de riesgo: Tlaxcala (pasó del lugar 17 al 23), Baja California (del 7 al 12) y Jalisco (del 23 al 28).
Frente a estas cifras, COPARMEX insistió en la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción inmediata mediante cinco exigencias puntuales:
Concluir la homologación de las leyes locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Garantizar el presupuesto necesario para operar unidades especializadas contra la extorsión en las fiscalías estatales, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley General.
Dar seguimiento y acompañamiento continuo a las fiscalías desde sus Centros Empresariales para monitorear avances y pendientes.
Instalar inhibidores de señal en los Centros Penitenciarios, conforme al artículo 38 de la Ley General, para frenar las llamadas extorsivas generadas desde el interior.
Verificar la aplicación de estas medidas a través de los Centros Empresariales una vez concluidos los plazos legales establecidos.
