El pasado viernes conocido como «viernes negro», en el que se aprobó en comisiones la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH); la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), señaló que esta medida (justificada bajo el argumento de «austeridad») compromete gravemente la estabilidad democrática y el equilibrio de poderes en nuestro país, afectando a organismos que representan cerca del 0.05% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024.
La eliminación de estos organismos no sólo debilitaría la competencia económica, sino que socava los principios fundamentales de la democracia al eliminar los contrapesos que aseguran la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos fundamentales como la protección de datos personales y el acceso a la información.
Explicaron que estos órganos funcionan como contrapesos efectivos y como herramientas de defensa para la ciudadanía frente a posibles abusos del poder, al ser independientes, ofrecen un recurso para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos y para que exista un control sobre las acciones del gobierno.
Esta elección se llevó a cabo durante la sesión del Consejo General del INE, en la que avaló con 7 votos a favor y 4 en contra, la mayoría calificada de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, con el que Morena y sus partidos aliados tendrán mayoría calificada de 364 diputados en San Lázaro; también COPARMEX señaló en un comunicado que estaban a favor de una interpretación constitucional que permitiera conformar un Congreso que reflejara auténticamente la pluralidad mexicana y, con ello, seguir fortaleciendo nuestra democracia.
Consideraron que es necesario equiparar la figura de partido con la de coalición, como se hace en otras interpretaciones de la norma constitucional, para que ninguna fuerza política tuviera más de 300 curules ni más del 8% de representación.
Además, subrayaron la importancia de que cualquier cambio constitucional sea producto del consenso de todas las fuerzas políticas y no de una mayoría abrumadora, por lo que es crucial el derecho a promover acciones de inconstitucionalidad, garantizando que una oposición que alcance el 33% pueda presentar dichas acciones, evitando un retroceso hacia un modelo político hegemónico, como el vivido en México en los años 70.
La COPARMEX señaló que es imperativo que los magistrados no se limiten a la mera aplicación de una fórmula, sino que consideren todas las alternativas viables para tomar la mejor decisión en beneficio de la democracia en México, ya que este análisis debe ir más allá de lo técnico y adentrarse en los aspectos jurídicos, políticos y éticos que aseguren una interpretación justa del marco constitucional.