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La Confederación Patronal de la República Mexicana realizó una evaluación sobre las políticas que llevó a cabo el Ex-presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018 hasta ayer 30 de septiembre de 2024.
En un comunicado COPARMEX señaló las fallas en Economía y Finanzas como la Pandemia del COVID y sus consecuencias que provocó miles de muertes y la crisis económica mundial más profunda del último siglo en qué la economía mexicana registró una caída del 8.5% en 2020.
Sin embargo se señaló que México se ubica en una posición inmejorable al ser una de las naciones con mayor potencial de beneficiarse por el fenómeno de relocalización de las cadenas de suministro o nearshoring.
Mientras que el crecimiento económico promedio durante estos seis años ha sido el más bajo desde la década de los 80, con un crecimiento promedio anual cercano al 1%, lo cual está lejos de las metas planteadas al inicio del sexenio.
Por su parte el gasto público por los programas sociales y obras prioritarias, generó que en 2024 alcanzáramos un déficit de 5.9% del PIB, el más alto en dos décadas.
En los precriterios para el presupuesto 2025, la SHCP se comprometió a reducir el déficit público a 3% del PIB.
Se informó de la creación de un promedio de 40 mil nuevos empleos mensuales, menor al promedio requerido para cubrir la demanda de 1.2 millones de jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral.
Más aún, el 54.3% de población ocupada que se encuentra en la informalidad, tuvo una reducción marginal con respecto al valor que teníamos al inicio del sexenio (56.5%).
Uno de los retrocesos más graves ha sido en el acceso a servicios de salud, entre 2018 y 2022, el número de mexicanos sin acceso a la salud se duplicó, pasando de 20.1 millones a 50.4 millones.
El gasto en salud y educación sigue siendo preocupante, con niveles de inversión muy por debajo de
los estándares internacionales ya que México apenas destina el 3.2% de su PIB a educación.
El actual sexenio fue el más violento en la historia de México, con más de 191 mil homicidios y 51 mil personas desaparecidas.
Finalmente la militarización de la seguridad pública, con la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de
la Defensa Nacional, ha generado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la transparencia en las acciones de seguridad.
