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La jornada electoral de este domingo 1 de junio de 2025, para la designación de Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial de la Federación, ha generado reacciones encontradas entre las autoridades electorales y el sector empresarial. Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta una instalación casi total de casillas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha manifestado su preocupación por la opacidad y la escasa participación ciudadana observada durante el proceso.
INE Reporta Instalación de 99.98% de Casillas a Nivel Nacional según el comunicado de prensa del INE con fecha del 1 de junio de 2025, donde precisa que se logró la instalación del 99.98% de las Mesas Directivas de Casilla Seccionales para esta primera elección del Poder Judicial de la Federación. De las 83,974 casillas aprobadas, solo 16 no fueron instaladas, lo que representa un mínimo 0.02% del total. La Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, informó que la votación se desarrolló con normalidad en la mayoría de las casillas en el territorio nacional.
Así mismo el Instituto Nacional Electoral por medio de su Consejera Presidente, Guadalupe Taddei informó que solamente entre el 12.57% y el 13.32% de la población participó en la Jornada Electoral para el Poder Judicial, de acuerdo con las primeras estimaciones y se espera que el conteo total de votos tardará al menos 10 días.
No obstante, durante la sesión extraordinaria del Consejo General, se reportaron 1,770 incidentes; los más frecuentes fueron la interferencia en el desarrollo de la votación (500 incidentes, 28.2%), cambios de lugar de casilla por causa justificada (313 incidentes, 17.7%), ausencia de funcionarios una vez instalada la casilla (236 incidentes, 13.3%), suspensión por condiciones climatológicas (208 incidentes, 11.8%), y propaganda electoral dentro o fuera de las casillas (144 incidentes, 8.1%). El INE aseguró que el 80.4% de estos incidentes fueron atendidos y resueltos satisfactoriamente. Se confirmó que 50 casillas no fueron instaladas definitivamente en estados como Chiapas (17), Hidalgo (4), Michoacán (4), Oaxaca (3), San Luis Potosí (2), Yucatán (1), Zacatecas (2), Estado de México (3), Puebla (4), y Quintana Roo (1). En cuanto a la observación electoral, se registró una cobertura del 61.8% con observadores individuales (51,858 casillas) y un 9.6% con observadores de agrupaciones (8,102 casillas).
En contraste con el reporte del INE, COPARMEX emitió un comunicado de prensa, calificando el proceso electoral como «opaco» y con «poca participación». La organización empresarial advirtió que este modelo de elección de jueces no debe repetirse, pues considera que una reforma sin consenso «genera desconfianza y debilita al Estado de Derecho».
COPARMEX destacó que la «escasa participación ciudadana» en estas votaciones es una muestra de que el modelo electoral «no responde al interés ciudadano», incluso desde el inicio de la discusión de la reforma judicial, COPARMEX anticipó que el proceso no atiende las «verdaderas necesidades del sistema de justicia» ni garantiza el fortalecimiento institucional de México.
La Confederación fue enfática al señalar que esta elección «no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales» y no debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales, reducción de casillas o la exigencia de organizar una elección con poco tiempo. COPARMEX afirmó que las condiciones observadas durante la jornada «atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales».
Como observadores electorales, COPARMEX reportó «múltiples irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso». Se generaron «más de mil reportes» documentando «baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de votos en algunos municipios». Además, se reportó el uso de «acordeones» y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la «falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado».
A pesar de que la reforma judicial se argumentó como una respuesta a una demanda ciudadana, COPARMEX concluyó que la baja asistencia y el desinterés generalizado confirman que esta elección «no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada».
La organización considera que las irregularidades «vulneran los principios democráticos» y evidencian los riesgos de una reforma impulsada sin un diagnóstico técnico adecuado, sin consenso plural y sin mecanismos efectivos de evaluación de perfiles y puntualizó que lo que debía ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte, «se convirtió en un proceso que prioriza el control político por encima de la autonomía, la profesionalización y la meritocracia«.
Finalmente, COPARMEX sostuvo que esta elección «no representa el camino correcto para lograr justicia en México» , y que un sistema que nombra juzgadores sin transparencia, evaluación de capacidades y condiciones mínimas de información para la ciudadanía, está «condenado a la ineficacia, al fracaso». La organización reiteró que la justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad, especialmente con baja participación , y que la verdadera legitimidad se construye con «preparación, imparcialidad y ética». COPARMEX advirtió que sin un Poder Judicial autónomo, confiable y eficiente, «no habrá inversión sostenible, seguridad jurídica ni futuro para México».
Ante esta situación, COPARMEX anunció que no se quedará en la denuncia y que trabajará en una propuesta de reforma judicial basada en criterios técnicos y buenas prácticas internacionales, con la participación de expertos y actores del sector productivo. Su objetivo es impulsar un sistema que garantice certeza jurídica, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia. COPARMEX se mantendrá como observador permanente del nuevo modelo judicial, evaluando su operación y emitiendo informes independientes.
