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El Congreso de Jalisco analiza una iniciativa de ley denominada “Pantallas Seguras” que busca regular de manera estricta el acceso de la infancia y la adolescencia a internet, de ser aprobada, la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales impondrá prohibiciones drásticas, como el veto al uso de redes sociales a menores de 14 años y la fiscalización de dispositivos móviles en planteles educativos.
La iniciativa, impulsada por la diputada Adriana Medina Ortiz, se justifica en la estadística oficial de que el 92.4% de los adolescentes de entre 12 y 17 años en la entidad son usuarios de internet, argumentando que la exposición digital actual vulnera la integridad física y emocional de este sector.
A diferencia de otras regulaciones enfocadas en sancionar delitos cibernéticos, este proyecto traslada una carga significativa de la vigilancia hacia el entorno familiar y escolar a través de un esquema de «corresponsabilidad».
El documento plantea modificaciones y medidas como:
Prohibición de redes sociales: Se establece un límite legal para prohibir que menores de 14 años utilicen plataformas digitales y redes sociales.
Fiscalización en escuelas: Obliga a regular el uso de teléfonos celulares en espacios educativos y áreas públicas.
Obligaciones a padres: Se estipula la responsabilidad legal de madres, padres y tutores para implementar herramientas de control parental en los dispositivos de sus hijos.
Ajustes municipales obligatorios: Los ayuntamientos de Jalisco se verán forzados a adecuar sus reglamentos internos para vigilar el cumplimiento de la norma en espacios públicos.
Burocracia digital: La ley contempla la creación de una nueva estructura denominada Consejo Estatal de Protección para el diseño de políticas públicas en la materia.
El bloque de legisladores en el Congreso estatal, representado en este rubro por el diputado José Luis Tostado, pretende que la medida avance de manera unánime, bajo el argumento de colocar a Jalisco como el primer estado del país en implementar restricciones de esta naturaleza en el entorno digital.
Por su parte, autoridades del DIF estatal, a cargo de Maye Villa de Lemus, matizaron el alcance de la propuesta señalando que el propósito formal no es la prohibición absoluta de los dispositivos, sino «educar y orientar» a las familias, asumiendo que la tecnología debe ser tratada como una herramienta de aprendizaje y no como un enemigo.
Sin embargo, el cumplimiento de la ley dependerá en gran medida del factor educativo, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, reconoció la dificultad de la aplicación práctica al señalar que son los padres quienes deben aprender a identificar el momento adecuado para entregar un celular a los menores; asimismo, el funcionario desvió parte de la responsabilidad hacia el sector privado, haciendo un llamado a las empresas tecnológicas para que endurezcan sus propios filtros de restricción de edad.
La propuesta abre el debate sobre los límites de la intervención del Poder Legislativo en la vida privada de las familias y la viabilidad real de vigilar y sancionar el uso de internet en el ámbito doméstico.
