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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó los resultados más recientes de su encuesta a socios, un análisis que revela un entorno crítico para el sector empresarial en el país, marcado por altos índices de delincuencia y una baja disposición para la inversión. Los datos, recopilados a finales del año pasado, reflejan la realidad de miles de empresas que enfrentan obstáculos estructurales para su crecimiento.
Uno de los hallazgos más alarmantes es que la inseguridad continúa siendo el desafío principal para las empresas mexicanas, donde según el reporte, el 46.8% de los socios encuestados fue víctima de al menos un delito durante el último año, lo que significa que prácticamente una de cada dos empresas socias de la confederación ha sufrido el impacto de la criminalidad. Esta cifra se ha mantenido constante desde que se inició la medición en 2018.
Los delitos que más afectan al sector son el robo de mercancía en tránsito, el robo de vehículos y la extorsión. En particular, la extorsión ha mostrado un aumento preocupante, afectando al 17.3% de las empresas, de las cuales casi el 70% reportó que el acoso fue de tipo telefónico. Ante este panorama, se destacó la importancia de la Ley General contra la Extorsión para proteger especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
La confianza para realizar nuevas inversiones se encuentra en niveles comparables a los registrados durante los momentos más difíciles de la pandemia, actualmente, solo el 39.5% de los empresarios considera que es un buen momento para realizar inversiones.
Los principales factores que frenan el crecimiento económico identificados por los socios son la incertidumbre económica, la inseguridad —que escaló del tercer al segundo puesto como obstáculo— y el contexto político, el ánimo para invertir no es uniforme en todo el país; mientras que estados como Michoacán, Coahuila y Veracruz muestran un mayor optimismo, entidades como Querétaro, Chihuahua y Tamaulipas presentan un panorama más pesimista.
El reporte también señala una crisis en la percepción de la gestión gubernamental, así mismo por quinta ocasión consecutiva, la evaluación de los gobiernos estatales sufrió una caída: solo el 31.9% de las empresas considera que sus gobernantes han cumplido con los propósitos para los que fueron electos.
En materia de corrupción, cuatro de cada diez empresas reportaron haber enfrentado al menos un acto de corrupción en el último año. Los niveles más altos de estos incidentes se detectaron en la interacción con los gobiernos municipales y estatales, que son las instancias con mayor contacto directo con las unidades económicas.
A pesar de que el indicador de gasto regulatorio mostró una ligera mejora al presentar una disminución, los trámites siguen siendo una barrera significativa. Una de cada dos empresas manifestó haber tenido dificultades para realizar gestiones administrativas debido a requisitos excesivos, procesos poco claros y costos elevados.
La organización subrayó que estos resultados no son meras percepciones, sino hechos que viven los empresarios diariamente. Se reafirmó el compromiso de trabajar con las autoridades para generar un ambiente que permita producir, invertir y generar bienestar para las familias mexicanas.
