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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha emitido un comunicado este 30 de junio de 2025, posicionándose a favor de la reducción de la jornada laboral en México, reconociéndola como un tema «legítimo, relevante y necesario para cambiar a un modelo de trabajo más justo y sostenible». Sin embargo, la confederación enfatiza la necesidad de una implementación responsable, con conocimiento técnico y sensibilidad hacia la realidad económica del país.
COPARMEX subraya que una implementación sin una adecuada planeación, diálogo y gradualidad podría afectar gravemente la formalidad, la productividad y la estabilidad de millones de trabajadores. La organización destaca que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) emplean al 65% de las personas ocupadas en México y serían particularmente vulnerables a una transición abrupta.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre de 2025, el 58.3% de los trabajadores formales asalariados, equivalente a más de 13.4 millones de personas, laboran más de 40 horas semanales. Esta proporción es aún mayor en sectores estratégicos como el turismo (restaurantes y alojamiento temporal), el comercio y la construcción. La reducción inmediata y uniforme de la jornada podría impactar la continuidad operativa de estas actividades económicas clave y, específicamente en las MiPyMEs, afectaría a más de 7.3 millones de personas que trabajan más de 40 horas a la semana.
COPARMEX sugiere que cualquier transición debe evitar la informalidad, los despidos o el deterioro de las condiciones laborales. Como ejemplo de buenas prácticas internacionales, citan la reforma en Chile, que establece un esquema gradual de cinco años para reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales, permitiendo modelos flexibles. Esta experiencia resalta la importancia de acompañar estos procesos con políticas de productividad, capacitación y esquemas de adaptación diferenciada. La Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también enfatiza una reducción paulatina sin afectar ingresos, el acompañamiento a sectores vulnerables y el equilibrio entre bienestar y sostenibilidad económica.
Para una transición viable y sostenible, COPARMEX propone una estrategia de implementación basada en evidencia y gradualidad. Esto incluye la aplicación por sectores, priorizando aquellos con condiciones favorables y realizando evaluaciones periódicas de impacto. Además, se deben contemplar mecanismos de flexibilidad que permitan jornadas semanales, quincenales o esquemas adaptados a cada industria. Regímenes especiales serían necesarios para sectores de operación continua como minería, manufactura, seguridad privada o logística.
La organización también señala la importancia de analizar la jornada extraordinaria y su forma de pago para evitar distorsiones que perjudiquen tanto a trabajadores como a empleadores. Una implementación sin estas consideraciones podría aumentar los costos para las empresas, impactando directamente en los precios al consumidor.
La Confederación insiste en que la implementación debe ser resultado de un verdadero diálogo social entre trabajadores, empleadores y gobierno, con base en información técnica y acordando los límites de jornada, así como las excepciones en sectores específicos. También se considera indispensable armonizar esta reforma con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para evitar interpretaciones incorrectas del concepto de explotación laboral.
Adicionalmente, COPARMEX propone dos medidas complementarias para fortalecer el empleo formal: la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y una revisión de los esquemas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el subsidio al empleo. Estas acciones buscan proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores y brindar sostenibilidad financiera a las empresas.
La organización concluye que la reducción de la jornada laboral debe implementarse por etapas, con evaluaciones periódicas, acompañamiento técnico y diálogo tripartito, respetando las diferencias sectoriales y definiendo esquemas de flexibilidad.
También proponen establecer mecanismos de apoyo para las MiPyMEs, las cuales serían las más impactadas por una transición sin planeación. El objetivo final es lograr un modelo laboral más justo y humano, que al mismo tiempo preserve la viabilidad de las empresas y fortalezca el empleo formal.
