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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha expresado su respaldo a la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gobierno Federal, calificándola como un «paso indispensable» frente a un delito que impacta gravemente al sector productivo y la seguridad ciudadana. Sin embargo, el organismo empresarial advierte que, para lograr un impacto real, esta iniciativa debe ir acompañada de reformas legales profundas que garanticen su efectividad.
COPARMEX valoró la promoción de una respuesta coordinada entre diversas instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, la Marina, la FGR, la Guardia Nacional y el CNI. La organización coincide con la urgencia de esta iniciativa.
Uno de los puntos centrales de la postura de COPARMEX es la necesidad de una reforma al artículo 73 constitucional. Esta reforma facultaría al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Extorsión, lo que permitiría una coordinación eficaz en la persecución de este delito a nivel nacional, establecer penas claras y eliminar las «puertas giratorias». COPARMEX ha impulsado esta reforma desde septiembre de 2023.
El organismo también respalda el anuncio de la presidenta de México sobre la presentación de una iniciativa de ley en materia de extorsión para el próximo periodo ordinario.
La gravedad de la extorsión en el país se refleja en las cifras: cada día, 32.3 personas son víctimas de este delito. En 2024, las pérdidas generadas por la extorsión superaron los 26 mil millones de pesos. Según «Data COPARMEX», el 12.8% de sus socios ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5%). La inseguridad es considerada el principal obstáculo para el crecimiento por el 49.5% de los afiliados de COPARMEX.
COPARMEX destaca la importancia de la creación de Unidades Antiextorsión locales con personal capacitado y leyes aplicables. Asimismo, coincide en el uso de inteligencia y análisis criminal para desmantelar redes delictivas, y enfatiza la urgencia de actuar firmemente contra las llamadas de extorsión que se originan en centros penitenciarios.
El organismo subraya la necesidad de que los protocolos nacionales de atención a víctimas se adapten a las realidades regionales, dado que un solo modelo no es suficiente para la diversidad del país. Para la extorsión telefónica, se requieren procedimientos ágiles de denuncia y asesoría, con operadores del 089 capacitados en manejo de crisis y la posibilidad de usar canales digitales. En zonas rurales, donde prevalece el «cobro de piso», las fuerzas de seguridad deben intervenir directamente para proteger a las comunidades.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que constituyen la base de la economía y generan el 65% de los empleos formales en México, son las más afectadas por la extorsión debido a sus menores recursos de protección. COPARMEX insiste en que la estrategia debe incluir apoyo especial para ellas, como atención rápida, asesoría legal y programas de prevención.
Finalmente, COPARMEX reitera la importancia de acompañar la estrategia con campañas de prevención y una visión a largo plazo que reconstruya el tejido social. La educación en valores y legalidad es fundamental para generar nuevas generaciones que rechacen la violencia.
