Menu
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), junto con sus 71 Centros Empresariales, ha exigido respuestas inmediatas y coordinadas de las autoridades ante la ola de bloqueos carreteros y la violencia que afecta las rutas estratégicas del país, tras los bloqueos realizados esta semana por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y diversas organizaciones campesinas confirman la profundidad de un problema nacional que se ha vuelto insostenible para la actividad productiva.
En un comunicado informaron que la inseguridad carretera no solo afecta al transporte de carga, sino que compromete la operación de las cadenas productivas, incrementa los costos logísticos y deteriora la competitividad regional de México frente a sus socios comerciales. Según COPARMEX, sin rutas seguras, no hay abastecimiento confiable, lo que frena la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico.
Afectaciones Directas: Un sondeo realizado por COPARMEX entre 55 ciudades y regiones participantes reportó que 33 de ellas sufren afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas estratégicas.
Regiones Críticas: Las zonas particularmente afectadas incluyen Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave.
Consecuencias: Estas interrupciones ya generan retrasos, pérdidas económicas y riesgos para empresas y transportistas que dependen del flujo continuo de mercancías.
COPARMEX respaldó las demandas planteadas por transportistas y productores agrícolas, quienes enfrentan diariamente robos, extorsiones, cobro de piso y agresiones que ponen en riesgo su integridad y su patrimonio, mientras que enfatizó que el llamado de estos sectores a contar con condiciones mínimas de seguridad es legítimo y refleja una realidad que se ha «normalizado a niveles inaceptables».
Al mismo tiempo, la exigencia patronal es clara: la gravedad del fenómeno requiere respuestas inmediatas y coordinadas por parte de las autoridades para evitar que la ciudadanía y las actividades económicas sigan siendo rehenes de la violencia.
A la problemática de seguridad se suma la crisis que enfrentan los productores agrícolas, particularmente por el precio pagado por la tonelada de maíz, que no cubre los costos necesarios para sostener la operación de los agronegocios. Esto se agrava por la ausencia de instituciones financieras que ofrezcan créditos adecuados para sembrar e instrumentos para enfrentar la volatilidad del mercado.
COPARMEX hizo un llamado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales para que trabajen juntos en un esquema inmediato que garantice:
Vigilancia efectiva en tramos de alto riesgo.
Atención a denuncias por extorsión.
Operación funcional de trámites indispensables para el transporte de carga.
Mecanismos de conciliación que involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas.
El organismo empresarial consideró indispensable instalar una mesa nacional de diálogo con participación de los sectores afectados y una representación equilibrada de los estados más graves. Esta mesa debe generar compromisos claros, con plazos verificables, inversión suficiente y criterios homogéneos para garantizar un entorno seguro.
Finalmente, COPARMEX urgió a las autoridades a restablecer de inmediato la libre circulación en carreteras, con diálogo y resultados verificables, evitando criminalizar a quienes alzan la voz. El país no puede permitirse rutas estratégicas paralizadas y cadenas logísticas vulnerables, ya que la actividad del campo es la base de la soberanía alimentaria.
