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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) emitió un pronunciamiento de alerta tras la reciente decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el organismo empresarial asegura que la validación de facultades para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin una orden judicial previa debilita el Estado de derecho y genera incertidumbre económica.
La determinación, tomada el pasado lunes 6 de abril, valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, con una mayoría de 6 votos contra 3, los ministros establecieron que el bloqueo es procedente cuando existan «indicios suficientes» de vínculos con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Para la COPARMEX, este fallo representa un cambio preocupante en los criterios judiciales del país por las siguientes razones:
Vulneración de principios constitucionales: Se considera que la medida tensiona el principio de presunción de inocencia y contraviene el artículo 14 constitucional.
Indefensión patrimonial: Permite afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.
Riesgo de sanciones anticipadas: El bloqueo puede actuar como una sanción antes de que se acredite cualquier responsabilidad real, dejando a los afectados en desventaja para su defensa.
El sector patronal enfatizó que la inversión depende directamente de la certeza institucional esto al permitir que una autoridad administrativa restrinja activos sin control judicial, se eleva la percepción de riesgo tanto para inversionistas nacionales como internacionales, especialmente bajo el marco del T-MEC.
El sector más vulnerable ante esta resolución son las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). COPARMEX señala que estas unidades de negocio:
Carecen de las reservas financieras para enfrentar procesos legales prolongados.
Dependen de la liquidez diaria para operar.
Un bloqueo, incluso temporal, pone en riesgo el pago de nóminas, proveedores y la viabilidad misma de los empleos que generan.
Ante los vacíos legales que deja la norma vigente, la Confederación hizo un llamado urgente al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias para establecer límites claros. Entre sus propuestas destacan:
Control judicial exprés: Establecer que un juez deba validar la legalidad del bloqueo en un plazo máximo de 6 horas; de lo contrario, la medida debe levantarse de inmediato.
Plazos definidos: Fijar un máximo de 15 días para que la autoridad sustente la medida con elementos sólidos dentro de una investigación.
Transparencia y defensa: Garantizar la notificación inmediata al titular y publicar información periódica sobre el uso de estas facultades por parte de la UIF.
Responsabilidad administrativa: Crear un régimen que sancione las actuaciones infundadas que dañen a los ciudadanos o empresas.
COPARMEX concluyó reafirmando que el combate a la ilegalidad no debe estar reñido con la seguridad jurídica, elemento esencial para el desarrollo sostenido de México.
