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El primer año de la administración de la presidente Claudia Sheinbaum (octubre 2024 – octubre 2025) se ha caracterizado por tener al país con alta aprobación popular, pero ensombrecido por una persistente ola de violencia y graves señalamientos de corrupción que han salpicado directamente a miembros de su partido y gabinete.
En materia de homicidios, el país en tan solo hasta agosto de este año registró 33,241 homicidios, de acuerdo con el último reporte del INEGI, aunque antes se daba un reporte de la sumatoria de seguridad y ahora no se realiza, por lo que dar la cifra exacta hoy es complicado, debido a la situación de falta de acceso a la transparencia que fomentó la cuarta transformación.
En materia de desaparecidos se ha marcado un nuevo récord ya que cada día 40 personas no regresan a sus hogares dando un promedio de 1.6 cada hora, hasta el pasado 1 de octubre se estima que han desapareciedo 14,765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 desaparecidos, ante lo que Claudia Sheinbaum o se ha callado, o lo ha negado, o ha dicho que «son campañas para desprestigiar a su gobierno», sin embargo SON VIDAS DE MEXICANOS, que por cierto no se han dado las cifras finales.
A pesar de que Sheinbaum asumió el cargo con la promesa de «Continuidad con Cambio», enfocada en la lucha contra la impunidad, reportes de investigación y análisis políticos indican que la corrupción está lejos de haber sido erradicada, uno de los flancos más vulnerables de la nueva administración ha sido la conducta de figuras dentro de su propio partido, Morena.
Investigaciones periodísticas y del propio gobierno documentaron más de 50 casos de corrupción e impunidad solamente durante el primer año, que van desde irregularidades en contrataciones públicas y desvío de recursos, hasta casos de nepotismo e influyentismo.
El escándalo de mayor impacto se centró en los supuestos vínculos con la delincuencia organizada de exfuncionarios cercanos a figuras prominentes de Morena. El caso más sonado involucró al exsecretario de seguridad en Tabasco Hernán Bermúdez (nombrado durante la gestión de un actual Senador morenista Adán Augusto López Hernández, mientras era Gobernador de Tabasco), detenido y señalado como presunto líder del grupo criminal «La Barredora» en aquel estado este hecho generó críticas sobre la profundidad de las revisiones de antecedentes en nombramientos clave, ante lo que el Gobierno de Sheinbaum solamente ha dicho «que se investigue».
El siguiente escándalo ha sido el del Huachicol Fiscal un escándalo de triangulación de combustible donde el Estado mexicano ha perdido alrededor de 200 mil millones de pesos al año, para comparar la dimensión, el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto implicó desvíos por al menos 7 mil millones de pesos en total, mientras que las irregularidades en SEGALMEX alcanzaron más de 15 mil millones de pesos (con Andrés Manuel López Obrador, caso que por cierto no tiene detenidos ni imputados), por lo que este escándalo supera más de 10 veces el daño a la hacienda pública del que fuera el episodio más grande del sexenio de López Obrador.
Además, miembros del partido han sido señalados por exhibir lujos y excesos, lo que acrecienta la percepción de que la corrupción y los privilegios persisten al interior de la clase política, independientemente del partido en el poder, como el viaje a Japón del hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y sus recientes amparos tramitados; la casa de Gerardo Fernández Noroña, los Departamentos de Mario Delgado, los artículos de lujo e invitaciones VIP de Sergio Gutiérrez Luna, los viajes de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, así como la cancelación de visas estadounidenses hacia Gobernadores Morenistas por estar coludidos con el crimen organizado.
Aunque la presidenta ha dado un giro a la estrategia de seguridad pasando a una ofensiva más frontal contra las estructuras financieras del crimen organizado, la violencia e inseguridad continúan siendo el mayor reto de su gobierno ya que analistas coinciden en que, pese a los esfuerzos, los índices de homicidio, extorsión y desapariciones se mantienen en niveles alarmantes, la extorsión, en particular, está afectando gravemente a la inversión privada nacional y a los pequeños comercios de acuerdo con la propia COPARMEX.
Otro punto de crítica importante ha sido la militarización creciente. La asignación de más responsabilidades a las Fuerzas Armadas y el aumento del presupuesto militar han generado preocupación en organizaciones civiles y de derechos humanos respecto al riesgo de abusos y la falta de transparencia en estas instituciones.
A un año de haber tomado protesta, Sheinbaum mantiene una sólida base de apoyo, pero la mayoría debido a los programas sociales, que cada año registran aumentos, sin embargo esto también con base en la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 17 billones 797 mil millones de pesos, equivalente a 49.5% del PIB, frente al 51.3% al cierre de 2024.
En 2026, se proyecta que la deuda pública de México alcance alrededor del 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa un nivel histórico. El Paquete Económico 2026 estima que la deuda neta (el nuevo endeudamiento) será del 4.1% del PIB, un monto que supera los 20 billones de pesos y que equivale a una deuda de aproximadamente 151 mil pesos por cada mexicano.
Uno de los movimientos más criticados de la administración Sheinbaum ha sido la consolidación de la reforma constitucional para desaparecer siete organismos autónomos. La iniciativa, heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue impulsada en el Congreso, generando una fuerte polarización política y una ola de críticas por la concentración de poder.
Los organismos eliminados incluyen:
La presidente defendió la medida argumentando que estos órganos fueron creados bajo una «visión neoliberal» para obstaculizar a empresas públicas estratégicas como Pemex y CFE, y que su extinción permitirá un ahorro presupuestal y eliminará supuestas «corruptelas» y privilegios.
Sin embargo dicho ahorro no se llevará a cabo ya que el Paquete Económico 2026 plantea un gasto público de 10.1 billones de pesos, lo que significa un aumento real de 5.9% frente a 2025.
