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Al viejo estilo del PRI, en la madrugada de este 11 de septiembre de 2024, el dictamen de la Reforma Judicial fue aprobado por el Senado de México en lo general y en lo particular con 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT, así como de Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN contra 41 votos de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Fue una jornada caótica la que se vivió para aprobar ese dictamen después de que se comenzara a discutir en los puntos particulares por parte de la oposición, cerca de las 4:30 de la tarde de ayer comenzaron a ingresar los trabajadores manifestantes del poder judicial para defender sus derechos laborales y la autonomía judicial.
Posteriormente el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña decretó un receso indefinido para poder huir de la Sede del Senado, para posteriormente citar a las 7:00 p.m. en la Antigua Sede del Senado, en la Casona de Xicoténcatl, esta minuta.
El momento central de esta noche se lo llevó el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien aseguró «votar por sus convicciones, en la decisión más difícil de su vida, a favor del dictamen».
Al iniciar la presentación de las reservas, la asamblea guardó un minuto de aplausos en memoria de Salvador Allende y Pablo Neruda, recordando que el día de hoy se cumplen 51 años del golpe de Estado que diera Augusto Pinochet, en contra del presidente de Chile, Salvador Allende.
La nueva ley define un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos; También elimina el Consejo de la Judicatura Federal, en su lugar establece un órgano administrativo especializado y orgánicamente separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, prevé un Tribunal de Disciplina Judicial que estará compuesto por cinco magistrados elegidos también mediante voto popular, dicho Tribunal tendrá facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.
El dictamen establece que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República.
Y dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.
Ahora, al ser una reforma constitucional se remitió el proyecto de decreto a los congresos estatales para su consideración y, en su caso aprobación señalando que el número de congresos estatales mínimos necesarios son 17, por lo pronto el Congreso de Oaxaca ya dio en los primeros minutos de este 11 de septiembre.
