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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y diversas organizaciones de la sociedad civil han unido fuerzas para lanzar una observación ciudadana técnica y estructurada con el fin de documentar las fallas e irregularidades del proceso electoral judicial. Este esfuerzo busca asegurar que la justicia no sea cooptada por intereses políticos o criminales, y surge ante la preocupación de que, en ausencia de filtros efectivos y condiciones democráticas, la ciudadanía se convierta en la última línea de defensa de la legalidad.
En una rueda de prensa conjunta, COPARMEX, junto con las organizaciones Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C., resaltaron la importancia de la observación ciudadana como herramienta clave para evidenciar las deficiencias del proceso electoral judicial, el cual consideran un error histórico que pone en riesgo la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad democrática de México.
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, enfatizó la necesidad de un Poder Judicial confiable y la importancia de garantizar el Estado de derecho y la integridad del proceso democrático.
«México necesita un Poder Judicial confiable pero la justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos. No estamos en contra de modernizar el Poder Judicial; estamos en favor de un sistema de impartición de justicia basado en el mérito, la legalidad y la independencia. La Observación Electoral debe ser una herramienta ciudadana, no un instrumento de simulación».
Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, señaló las deficiencias del marco normativo electoral, incluyendo la falta de filtros efectivos para los candidatos, la complejidad para conocer los perfiles y la incertidumbre generada por las reglas cambiantes.
«Desde la sociedad civil hemos acusado, hemos señalado, candidatos con antecedentes que incumplen los requisitos de idoneidad. También hemos advertido la complejidad de las reglas para poder conocer los perfiles, la afectación a los derechos a la información, las reglas que se van haciendo sobre la marcha, la incertidumbre. Creemos que las elecciones han perdido legitimidad».
Alejandra Quezada, coordinadora de investigación de Juicio Justo, detalló el desarrollo de herramientas para fortalecer la vigilancia ciudadana, como formatos para la observación de la jornada electoral y el cómputo de los votos. Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensores, A.C., hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse activamente en la defensa de las instituciones.
«Como ciudadanos, aunque no estemos de acuerdo con esta situación, tenemos que hacer una resistencia moral activa, una resistencia política activa. Tenemos que involucrarnos. Me parece que COPARMEX ha ayudado a poner el ejemplo de cómo realizar un activismo ciudadano para intentar que nuestro sistema de justicia no se deteriore».
El proceso electoral judicial ha sido criticado por su improvisación, falta de filtros y ausencia de transparencia, lo que configura un escenario de riesgo para la democracia. La reducción del 50% de casillas, una boleta técnica compleja y fallas en la plataforma del INE dificultan que los ciudadanos voten con suficiente información y limitan su capacidad de elección informada. Además, el conteo de votos en consejos distritales, sin cadena de custodia efectiva ni participación de representantes de las candidaturas, aumenta el riesgo de manipulación de resultados.
Ante estos riesgos, COPARMEX y las organizaciones aliadas reafirmaron su compromiso de desplegar observadores en todo el país, documentar cada etapa del proceso, evaluar el cumplimiento de la ley y analizar la idoneidad de los perfiles ganadores. Su objetivo es proteger la independencia judicial y prevenir la elección de jueces influenciados por intereses ilegítimos.
Finalmente, COPARMEX, Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C. hicieron un llamado a la ciudadanía, a las autoridades electorales y al Congreso para defender un Poder Judicial confiable, basado en el mérito, la legalidad y la transparencia. En esta elección, la observación ciudadana se presenta como la única defensa de la legalidad electoral.
